Agricultura aprueba 9 millones en ayudas por incendios, solo para quien tenga seguro agrario

El Consejo de Ministros aprobó el 20 de octubre, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto con un paquete de 9 millones de euros para agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales de 2026. Según el ministerio, este año han ardido más de 270.000 hectáreas, de las que unas 60.000 son tierras agrícolas, y los daños alcanzan explotaciones, infraestructuras rurales, cultivos, pastos y colmenas.

El ministro Luis Planas justificó la medida por la excepcional gravedad de una campaña de grandes incendios y la presentó como un complemento del seguro agrario, al que considera el principal instrumento de gestión de riesgos del sector. Entre los objetivos declarados figuran mantener la actividad, el empleo y la población en el medio rural.

Las ayudas máximas son de 3.500 euros por hectárea en frutales, 1.900 en cítricos, 900 en viñedo y 500 en olivar, además de 450 euros por cada vaca afectada y 120 euros por colmena. Se trata de importes máximos: lo que se cobre dependerá del daño reconocido y de las condiciones de cada línea. Esta compensación directa se concede dentro del régimen de minimis agrario, regulado por el Reglamento (UE) 1408/2013, y busca cubrir las pérdidas no indemnizadas en producciones aseguradas y favorecer la recuperación productiva.

La condición clave es tener contratado un seguro agrario combinado en vigor que cubra la producción dañada y haber sufrido daños indemnizables por incendios declarados entre el 1 de enero y el 7 de septiembre. El decreto incluye una segunda ayuda: eleva el apoyo público a esas pólizas de forma que, sumando la ayuda del Estado y la de las comunidades autónomas, la subvención al seguro agrario puede llegar al 70% de la prima, el máximo que permite la normativa europea.

Según el ministerio, la tramitación será simplificada y mayoritariamente automática, aprovechando los datos de pólizas y siniestros ya reconocidos. No se ha concretado todavía cómo se repartirán los 9 millones entre las dos líneas ni una fecha de pago.

El planteamiento no ha convencido a todas las organizaciones agrarias. Unión de Uniones había pedido que las compensaciones se calcularan según el daño real y no dependieran exclusivamente de tener un seguro, y reclamó ampliar el periodo cubierto y el número de producciones incluidas. La cuantía también contrasta con la del año anterior: el decreto aprobado en octubre de 2025 por los incendios de aquel verano, que quemaron unas 350.000 hectáreas, rondaba los 27 millones de euros.

En Castilla y León, la Junta ya había destinado en agosto 1,86 millones de euros a 339 agricultores, ganaderos y apicultores afectados por el fuego, con ayudas iniciales de 5.500 euros que podían llegar a 25.000 según los daños. El peso del seguro en la comunidad se refleja en las cifras de Agroseguro, que pagó 89 millones de euros en indemnizaciones en Castilla y León durante 2025 y preveía en agosto unas indemnizaciones agrarias de 441 millones en toda España para 2026 por siniestros de distinta naturaleza.