Fenadismer, la federación de asociaciones de transportistas, calcula con datos oficiales del Ministerio de Transportes que el gasóleo para vehículos pesados ha subido un 44,6% entre principios de enero y el 1 de octubre de 2026. Para los vehículos de menor tonelaje, la subida es del 38,4%. La federación advierte de que el golpe es especialmente duro para autónomos y empresas con contratos de larga duración a precio fijo, que no pueden repercutir el encarecimiento si su cliente no actualiza la tarifa.
El contexto es el de un año marcado por el alza de la energía. Según la patronal CETM, el gasóleo ha pasado de unos 1,44 euros por litro al comienzo del conflicto en Oriente Medio a cerca de 1,93 euros, y el Gobierno ha tenido que aprobar sucesivos paquetes de ayudas, el último de ellos prorrogado a finales de septiembre hasta diciembre. Las asociaciones de transportistas sostienen que esas ayudas no compensan por sí solas el sobrecoste.
Para defenderse, la federación ha creado un canal de asesoramiento y denuncias en el que empresas y autónomos pueden señalar a los cargadores o intermediarios que no aplican la cláusula de revisión del precio por combustible. Esa cláusula obliga a ajustar en cada factura el precio del transporte según la evolución del gasóleo, de modo que las variaciones del combustible se trasladen al cliente y no las absorba en solitario el transportista.
La obligación figura en el artículo 38 de la Ley 15/2009, del contrato de transporte terrestre de mercancías, y quedó reforzada por el Real Decreto-ley 9/2026, aprobado en abril, que hizo obligatoria la aplicación de la fórmula de revisión. Fenadismer ya había denunciado en mayo que algunos cargadores estaban bloqueando esa revisión, y ahora da un paso más al ofrecer una vía formal para canalizar las quejas.
La federación guardará en todo momento la identidad de quien denuncie, porque muchos transportistas temen represalias comerciales si se enfrentan a un cliente del que dependen. Pide a quienes sufran incumplimientos, ya sea del cargador principal o de un intermediario, que lo comuniquen cuanto antes.
Los casos que lo justifiquen se enviarán a la Inspección de Transporte por Carretera, y será Fenadismer quien tramite las denuncias ante ella. La federación le pide además que revise las condiciones económicas pactadas y la facturación emitida antes de la entrada en vigor del decreto, porque sospecha que algunos cargadores bajaron sus tarifas antes de que se aprobara para que, una vez aplicado el ajuste por combustible, el precio final quedara prácticamente igual que antes. Fenadismer califica esa práctica de fraude de ley y quiere que se identifique y se sancione a las empresas que la hayan seguido.
La iniciativa llega en paralelo al debate sobre las ayudas. Tras la prórroga aprobada el 29 de septiembre, Fenadismer se mostró contraria a que parte del apoyo se canalice a través de las estaciones de servicio y reclamó que el importe íntegro se ingrese directamente en las cuentas de los transportistas, que Hacienda acelere los pagos y que las cuantías se ajusten de forma automática si el petróleo vuelve a subir.