La CETM avisa: el gasóleo puede costar 720 euros más al mes por camión sin las ayudas

La patronal del transporte por carretera CETM ha pedido al Gobierno que prorrogue las ayudas estatales al combustible, que terminaban a finales de septiembre. La organización se apoya en una estimación de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, según la cual, sin esas medidas, el precio medio de venta al público del gasóleo podría subir unos 24,20 céntimos por litro a partir del 1 de octubre en la Península y Baleares.

Para medir lo que supondría ese salto, la CETM ha hecho el cálculo para un camión que consume unos 3.000 litros al mes. El resultado es un sobrecoste cercano a 720 euros mensuales, más de 8.600 euros al año, sin que el vehículo recorra un solo kilómetro más. Para las empresas con márgenes estrechos y contratos de precio cerrado, es un golpe difícil de absorber.

Las ayudas forman parte de los paquetes que el Gobierno ha ido aprobando en 2026 para amortiguar el encarecimiento de la energía ligado al conflicto en Oriente Medio. En el caso del gasóleo profesional, la bonificación se había ido reduciendo con el paso de los meses y en septiembre se quedó en 5 céntimos por litro, una rebaja que ya había llevado a Fenadismer a reclamar una revisión del sistema.

La patronal advierte de que una nueva subida del combustible no se quedaría en el transporte: acabaría trasladándose al resto de la economía a través de mayores costes logísticos y restaría a las empresas capacidad para planificar precios, contrataciones y actividad. Por eso insiste en que el sector necesita estabilidad frente a unos costes energéticos que no controla.

La CETM pide, además de prorrogar las ayudas, que se aplique de verdad la cláusula obligatoria de revisión del precio del transporte en función del gasóleo. Esa cláusula permite trasladar al cargador las subidas del combustible para que no las pague solo el transportista. La organización rechaza los argumentos de quienes la consideran demasiado compleja o perjudicial para las relaciones comerciales, y sostiene que su carácter obligatorio ha servido para equilibrar en parte la negociación entre cargadores y transportistas. Poner en duda que sea exigible y sancionable, añade, devolvería al transportista un riesgo que la norma quiso repartir.

Días después de este aviso, el Consejo de Ministros aprobó el 29 de septiembre un nuevo real decreto-ley, el Real Decreto-ley 25/2026, publicado en el BOE al día siguiente y en vigor desde el 1 de octubre. La norma extiende hasta final de año la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos, aunque de forma decreciente: 20 céntimos por litro en octubre, 13 en noviembre y 6 en diciembre, con una cláusula de salvaguarda que permitiría mantener importes más altos si la inflación de los carburantes supera un umbral. Para el gasóleo profesional se añade un apoyo adicional de 5 céntimos en octubre, 12 en noviembre y 19 en diciembre.

La CETM reconoció que la prórroga evita que las ayudas desaparezcan, pero consideró que las cuantías no reflejan suficientemente el aumento de los costes de explotación. Según sus datos, el gasóleo ha pasado de unos 1,44 euros por litro al inicio del conflicto a cerca de 1,93 euros, unos 49 céntimos más. Su presidente, Carmelo González, pidió al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reforzar el apoyo y vincularlo al precio real del combustible, y la patronal reclamó también que se abonen las ayudas ya concedidas, que muchas empresas aún no habían cobrado a finales de septiembre.