La construcción se ha convertido en la principal fuente de riesgo de impago comercial en España, según Solunion, la aseguradora de crédito participada por Allianz Trade y Mapfre. El diagnóstico parte de dos factores que se retroalimentan: los materiales son más caros y la cadena de suministro sigue tensionada. El resultado son obras más caras y clientes que tardan más en pagar, una combinación que deja a muchas empresas del sector expuestas a problemas de tesorería.
El golpe más reciente vino de Estados Unidos. La Administración Trump duplicó al 50% los aranceles al acero que llega desde España y el resto de la UE, frente al 25% que se aplicaba hasta el 4 de junio de 2025. Nieves Mendoza, directora de Siniestros y Recobro de Solunion España, sitúa el acero entre los materiales más castigados por esa política comercial, lo que encareció aún más la obra y empujó a más empresas a contratar seguros de crédito para protegerse de la incertidumbre.
La estructura del sector agrava el problema. La mayor parte de las constructoras son pymes, con poca capacidad para negociar con proveedores y escaso colchón financiero si un cliente se retrasa durante meses. Aun así, Mendoza señala que es también el sector donde más deuda se acaba recuperando, es decir, el que presenta las tasas de recobro más altas.
El contexto general refuerza la alerta. El informe de insolvencias de Solunion del segundo trimestre de 2026 apuntó a una estabilización de los concursos en España, con un descenso del 0,1% entre abril y junio y una caída acumulada del 13% en el semestre. Sin embargo, se contabilizaron 34 concursos de grandes empresas, el máximo de la serie, y la construcción encabezó ese grupo con ocho casos, el doble que un año antes. La aseguradora advierte del riesgo de un efecto dominó en los próximos trimestres. En Castilla y León, los concursos crecieron un 18% en ese periodo.
El análisis apunta a otro foco de tensión: las gasolineras y distribuidores minoristas de combustible. La fuerte competencia les obliga a recortar precios y trabajan con márgenes estrechos, que empeoran cuando sube el petróleo por las tensiones geopolíticas, porque no siempre pueden trasladar ese sobrecoste al consumidor.
El seguro de crédito se diseñó precisamente para cubrir el impago de las ventas a plazo, tanto en el mercado nacional como en la exportación. Antes de que surja un problema, la aseguradora estudia la cartera de clientes de la empresa, la vigila de forma continuada y asigna a cada comprador una calificación según su probabilidad de impago. Eso permite vender más y trabajar con clientes o mercados que de otro modo se evitarían. Una vez reconocido el impago, empieza a contar el plazo para pagar la indemnización, con independencia de cómo avance el cobro.
El recobro arranca con una fase amistosa, a cargo de especialistas próximos al domicilio del deudor, que buscan que pague sin quedar fuera del mercado mediante aplazamientos, quitas o periodos de carencia, y que se apoya en una investigación de su patrimonio. Si esa vía fracasa, el caso llega a los tribunales; la aseguradora suele asumir la mayor parte de los costes y aporta los profesionales, de modo que la empresa asegurada no necesita contratar abogados propios.
Además, cobrar es más difícil cuando el deudor está fuera de España, en países como México, Brasil o Turquía, donde cambian la legislación, los plazos procesales y las costumbres de negociación. Dentro de la Unión Europea ejecutar una sentencia resulta más sencillo, pero fuera de la UE suele hacer falta un exequátur, un procedimiento judicial previo para poder ejecutar la sentencia, que exige requisitos formales y comprobar los tratados entre países, lo que alarga el proceso. Mendoza defiende que estas gestiones queden en manos de compañías especializadas. Solunion gestiona recobros en más de 150 países gracias a su integración en la red internacional de Allianz Trade.